Nación. El escándalo por el entramado de corrupción de Centros Poblados pareciera no tener fin. En la mañana de este miércoles se conoció que el contratista sahagunense Emilio Tapia Aldana, denunció ante la Fiscalía a la exministra de las TIC, Karen Abudinen Abuchaibe por cinco delitos.
Así lo dio a conocer el periodista Daniel Coronell, al revelar que la exministra Abudinen fue denunciada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación.
Se conoció que la demanda instaurada por Tapia Aldana acusa a la exministra de esas conductas punitivas cuando aprobó la garantía bancaria del contrato de Centros Poblados admitiendo la veracidad, autenticidad, legalidad y vigencia de esas garantías sin cumplir con la obligación de revisarlas.
A través de su cuenta de Twitter, Abudinen Abuchaibe precisó que “me demanda Emilio Tapia porque caduqué y no cedí como Mintic el contrato de Centros Poblados. Dizque porque fui muy dura con semejante hampón. Lo haría otra vez sin dudarlo. Al país no pueden seguir robándolo”.
Me demanda Emilio Tapia porque caduqué y no cedí como Mintic el contrato de Centros Poblados.
Dizque porque fui muy dura con semejante hampón.
Lo haría otra vez sin dudarlo. Al país no pueden seguir robándolo. @MirandaBogota @CathyJuvinao https://t.co/1FyZQNZ5DT— Karen Abudinen (@karenabudi) October 19, 2022
Agregó además que “lástima que muchos influyentes decidieron en su momento perseguir a quien no cedió y dejaron tranquilo a Emilio Tapia que fue quien pretendió quedarse con el contrato con falsedad y trampas”.
Como se recodará, la Unión Temporal Centros Poblados ganó la licitación de un contrato que pretendía llevar internet a colegios públicos en zonas apartadas del país, en el cual se dio un anticipo por 70 mil millones de pesos y que nunca se ejecutó.
Tapia Aldana se habría hecho de este contrato a través de terceros, por lo cual la justicia le imputó los delitos de peculado y fraude procesal, los cuales no aceptó.
