Montería. Dos de los procesados por el caso de corrupción de las regalías del departamento de Córdoba durante la administración de Alejandro Lyons aún no han presentado a la Fiscalía General de la Nación una propuesta de reparación por el detrimento patrimonial ocasionado el departamento por su actual irregular.
Así quedó evidenciado luego que el ente investigador realizara dicha advertencia al extender el principio de oportunidad que cobija a los excontratistas Jesús Henao Sarmiento y Maximiliano García Bazanta, como testigos claves en este proceso del desfalco al departamento.
Por tal motivo la Fiscalía inició una acción de extinción de dominio para perseguir los bienes que fueron obtenidos con los dineros de los delitos cometidos contra las arcas departamentales.
La Fiscalía relacionó cuatro bienes inmuebles, tres de ellos de propiedad del excontratista Jesús Eugenio Henao Sarmiento y uno de Maximiliano García Bazanta y dos negocios con matrícula mercantil a nombre de este último procesado.
Los bienes inmuebles que irían a extinción de dominio son un lote en el municipio de San Bernardo del Viento; un apartamento en la ciudad de Bogotá, un predio rural en Socorro, Santander y un apartamento en el municipio de Girón, Santander.
El ente investigador también dispuso la persecución de los bienes a nombre de Álvaro Enrique García Bazanta, hermano de Maximiliano García Bazanta, “toda vez que al parecer estos eran de propiedad del procesado y los trasladó a su familiar”.
“Aquel reportó un incremento patrimonial de $1.500 millones mientras que su hermano estuvo laborado en la oficina de regalías de la gobernación de Córdoba”, señaló la Fiscalía General de la Nación.
En este entramado caso de saqueo a las regalías departamentales aún faltan muchos detalles por conocer, por eso los dos procesados se comprometieron a seguir rindiendo testimonio y declaración sobre al menos 50 personas vinculadas a estas actividades ilícitas.
