Montería. El Tribunal Superior Sala Penal de Conjueces de Montería, decretó la nulidad de la sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito, de esta ciudad que en julio del año pasado profirió sentencia absolutoria contra el abogado y hoy candidato a la alcaldía de Purísima, Daniel Eduardo López Palencia, investigado por el carrusel de la educación.
Al político, la Fiscalía lo señala de haber participado junto a su cuñado Robert Montes López en la apropiación ilegal de por lo menos 14 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de cobros de ajustes pensionales.
La sala penal integrada por conjueces del Tribunal Superior de Montería, resuelve que dicho fallo absolutorio “desconoció de pleno los elementos materiales probatorios, evidencias físicas e información legalmente recaudada”, favoreciendo así a los implicados en el millonario desfalco.
A su vez, la Fiscalía tildó de ilegal el actuar de Juez de Primera Instancia que absolvió de toda culpa al político purisimero, y condeno a tan solo cuatro años de prisión a su cuñado, el también abogado, Robert Montes López, por los presuntos delitos falsedad en documento privado, falsedad en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación.
Entre las consideraciones de la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería, está que el juez de conocimiento podía declarar la nulidad del acto de allanamiento del procesado, incluso desde la misma imputación, si consideraba que estos estaban viciados; pero de ninguna manera proferir una sentencia absolutoria, sin haber agotado la instancia del juicio oral.
Según juristas contactados por este medio, ahora con esta decisión se reinicia el proceso en contra de López Palencia; la Fiscalía debería solicitar al Juez de control de garantías que expida una nueva orden de captura.
Recordemos que López Palencia fue capturado en febrero del año 2012 y permaneció en prisión por algo más de un año, hasta que en abril de 2014, su defensa planteó la nulidad del allanamiento a cargos que ambos hicieron en la capital del país, argumentando violación de garantías fundamentales.
