Valledupar / Cesar. La Corte Constitucional ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, suspender el ingreso de más reclusos durante seis meses a la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar tras la crisis sanitaria que enfrenta este establecimiento por falta de agua.
Esto en respuesta de una acción que impetró la Defensoría del Pueblo ante las reiteradas quejas de los reclusos. Se trata de un problema que nació con la misma cárcel según informes de organismo de control.
En un fallo de 2003, el Tribunal Administrativo del Cesar ordenó la construcción de un tanque de 400 metros cúbicos para abastecer a los internos, pero el Inpec, construyó uno de 100 metros cúbicos.
La población había denunciado sobre materia fecal en los patios, que no tienen como bañarse, ni asear los sanitarios y las celdas. En visitas de la Secretaría de Salud encontraron bacterias fecales en alimentos. En 2013, la Unidad de Servicios Penitenciarios del Inpec contrató la adecuación de las redes hidráulicas en el penal, con una inversión de más de $2.000 millones. Los trabajos están paralizados porque la Contraloría General detectó irregularidades en su ejecución.
La Contraloría investiga posibles anomalías en el diseño, planeación y ejecución de los trabajos que se llevan a cabo en el contrato 074 suscrito entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios con el Consorcio RG-2013, porque al parecer porque no se tuvieron en cuenta las reglas de seguridad.
El defensor del pueblo del Cesar, Omar Contreras, indicó que “hemos venido alertando sobre los problemas fitosanitarios en el penal, no solo en lo que tiene que ver con el suministro de agua, sino con la manipulación y preparación de alimentos”.
Por su parte la Corte Constitucional hizo un llamado al Ministerio de Justicia para que asuma una política de liderazgo frente a la crisis sanitaria del penal y advierte que se debe terminar la construcción del diseño hidráulico para superar las dificultades en el suministro de agua.
Además también sugiere una visita técnica para verificar el estado del lugar y los avances en la garantía de los derechos humanos de los internos.
