Montería. La Defensoría del Pueblo reiteró las denuncias sobre la grave situación en la que se encuentran los habitantes del sur de Córdoba, específicamente de San José de Uré, norte de Antioquia Ituango, y Bajo Cauca en los municipios de Cáceres, Valdivia, Tarazá y Caucasia, debido a los combates de grupos armados ilegales que han causado desplazamientos masivos y el incremento de homicidios.
Según la entidad, “la causa han sido los combates entre Grupos Armados Ilegales posdesmovilización de las AUC o llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas conocidos también como ‘los caparrapos”’ disputando el control territorial.
La entidad alertó sobre el fortalecimiento del ELN en Cáceres y Tarazá, y la presencia de una disidencia del Frente 36 de las FARC-EP en Ituango, que se ha enfrentado con los Gaitanistas.
“En medio de esta situación han ocurrido 10 desplazamientos masivos, se han incrementado los índices de homicidios, se ha restringido la movilidad de la población, se encuentran en situación de confinamiento varias comunidades campesinas e indígenas y se han presentado intimidaciones generalizadas con la aparición de panfletos amenazantes”, reseña la Defensoría.
En total se han identificado 732 familias (2.192 personas) desplazadas desde el 18 de enero al 9 de marzo de 2018 y un incremento de los homicidios en el municipio de Taraza.
“De acuerdo a información de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2018 se han registrado 23 asesinatos, cuando en el año 2017 en el mismo periodo se reportaron 6 casos En San José de Uré se han reportado 6 asesinatos hasta el día 15 de marzo de 2018, cuatro de las víctimas eran representantes de comunidades o líderes comunitarios”, advierten.
Se han presentado asesinatos e intimidaciones a líderes indígenas en Caucasia y Cáceres, por tal motivo consideran en alto riesgo a las comunidades del Pueblo Zenú y del Pueblo Embera Katío en San José de Uré, Caucasia, Tarazá e Ituango.